La iniciativa incorpora las figuras de intrusión rural y daño agravado y amplía la protección penal sobre bienes e infraestructura productiva.
El proyecto de ley que busca incorporar al Código Penal una serie de delitos vinculados con el vandalismo rural avanza en la Cámara de Diputados con el respaldo de entidades agropecuarias.
La iniciativa apunta a fortalecer la protección de establecimientos, infraestructura y bienes vinculados con la producción y contempla nuevas figuras y agravantes.
Uno de los principales cambios es la creación del delito de intrusión rural, que establece penas de uno a 12 meses de prisión para quien ingrese sin autorización a predios delimitados por alambrados, tranqueras o carteles de exclusión.
Desde el sector consideran que esta figura permitiría una intervención más temprana de las fuerzas de seguridad frente a situaciones como el merodeo nocturno, la caza furtiva o el reconocimiento previo de establecimientos con fines delictivos, sin tener que esperar a que se concrete un robo u otro delito.
El proyecto también incorpora la figura de daño agravado, con penas de 2 a 8 años de prisión y multas de entre 3 y 12 veces el valor del daño causado.
Entre los bienes que quedarían expresamente contemplados figuran sistemas de riego, paneles solares, silos y alambrados, entre otros elementos vinculados con la actividad productiva. La pena mínima se duplicaría cuando el autor sea un funcionario público o una persona vinculada habitualmente con la actividad agropecuaria.
Uno de los argumentos planteados durante el debate es que el perjuicio provocado por estos hechos no debería medirse solamente por el costo de reparar o reponer el bien dañado, sino también por la función que cumple dentro del sistema productivo.
Desde Fundación Barbechando señalaron, por ejemplo, que la rotura de una bomba de agua puede comprometer el abastecimiento de un rodeo completo. En verano, una vaca de cría puede requerir entre 50 y 70 litros de agua diarios, por lo que el daño sobre una instalación puede generar consecuencias productivas muy superiores a su valor material.
En ese sentido, desde el sector remarcaron que actualmente el daño de un silo bolsa cargado con toneladas de granos puede recibir un tratamiento penal similar al de daños de mucho menor impacto económico y productivo.
Instigación por redes sociales
La iniciativa propone además modificar el delito de instigación pública, con penas de 2 a 6 años de prisión para quien incite a cometer este tipo de delitos.
La pena se triplicaría cuando la instigación se realice a través de redes sociales o medios de comunicación masiva, una modificación que sus impulsores vinculan con el creciente uso de plataformas digitales para organizar o amplificar hechos delictivos.
Durante el tratamiento en la Comisión de Agricultura de Diputados, la Comisión de Enlace expresó su respaldo al proyecto y puso el foco en la necesidad de garantizar condiciones de seguridad equivalentes para quienes viven y trabajan en zonas rurales.
El planteo central del sector es que quienes viven en el campo deben contar con los mismos derechos y niveles de protección que quienes viven en las ciudades, frente a delitos que afectan tanto a productores como a trabajadores, establecimientos e infraestructura.
Desde Fundación Barbechando señalaron que el debate forma parte de una discusión más amplia sobre políticas públicas para las comunidades rurales y plantearon la necesidad de generar condiciones de seguridad que permitan el desarrollo productivo y social en todo el territorio.
