Una nueva normativa habilita monitoreos y análisis de identidad genética para detectar posibles infracciones a la Ley de Semillas. El esquema apunta especialmente a la soja.
El Gobierno argentino puso en marcha un nuevo protocolo para controlar la identidad varietal de los granos y reforzar la protección de la propiedad intelectual en semillas.
La medida, oficializada este lunes mediante la Resolución Conjunta 3/2026 del Instituto Nacional de Semillas y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, establece mecanismos de muestreo, análisis y eventuales sanciones para quienes infrinjan la legislación vigente.
El nuevo esquema tendrá aplicación sobre los cultivares que se inscriban en los registros nacionales a partir de la entrada en vigencia de la norma y pone especial atención en especies autógamas, como la soja y el trigo, donde el productor puede conservar parte de la cosecha para volver a sembrarla bajo el régimen de uso propio contemplado por la ley.
Desde el Gobierno sostienen que la medida podría tener un impacto económico significativo. Al anunciar la resolución, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, estimó que el fortalecimiento de la protección de la propiedad intelectual en semillas permitiría incrementar las exportaciones argentinas en más de US$4.000 millones anuales.
Si bien no precisó a qué cadenas productivas alcanzaría ese efecto, en el sector semillero vinculan esa proyección con una mayor incorporación de genética de punta, mejoras en los rendimientos y un aumento de la producción exportable.
Desde hace años, la industria semillera reclama una actualización del marco regulatorio para fortalecer la protección de las innovaciones biotecnológicas y generar condiciones que permitan atraer nuevas inversiones al país.
Cómo funcionará el sistema
La resolución establece que el control de identidad varietal se realizará a partir de muestras tomadas en el primer punto de entrega de los granos, como acopios y otros establecimientos habilitados.
Todos esos operadores deberán estar registrados en el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA) y podrán firmar acuerdos con entidades privadas para financiar y coordinar las tareas de muestreo.
Las muestras solo podrán ser adquiridas y analizadas por cámaras arbitrales o entidades privadas que mantengan convenios vigentes con el Inase. Los análisis deberán realizarse mediante métodos reconocidos por el organismo y las muestras deberán conservarse durante 60 días corridos desde la emisión del certificado correspondiente.
Los resultados serán informados simultáneamente al titular de la variedad y al propietario de la muestra. A partir de allí, el obtentor tendrá un plazo de 60 días para denunciar presuntas infracciones ante el Inase.
La normativa también faculta al organismo a iniciar actuaciones administrativas y aplicar las sanciones previstas en la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas N° 20.247 cuando se detecten incumplimientos.
Entre las novedades del esquema se destaca la posibilidad de que entidades privadas participen en el financiamiento y la operatoria de los controles, una modalidad que había sido anticipada semanas atrás por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, durante reuniones con representantes del sector agropecuario.
Según los fundamentos de la resolución, el objetivo es aprovechar los avances tecnológicos que hoy permiten identificar variedades con mayor precisión y en plazos más breves, fortaleciendo la trazabilidad y la transparencia en la comercialización de granos.
La decisión se conoce mientras continúa pendiente en el Congreso la discusión de una actualización integral de la Ley de Semillas, una demanda histórica de la industria y de distintos actores de la cadena agroindustrial.
En ese contexto, el nuevo protocolo aparece como un paso orientado a reforzar los mecanismos de control y reconocimiento de la propiedad intelectual dentro del marco legal vigente, con la expectativa oficial de estimular la incorporación de nuevas tecnologías y acelerar la llegada de innovaciones genéticas al sistema productivo argentino.
