La Sagyp y el Inase volvieron a reunir a productores y semilleros para avanzar en una nueva normativa. Hay coincidencias sobre el reconocimiento de la propiedad intelectual.
La discusión por una nueva Ley de Semillas ingresó en una etapa de definiciones, luego de una nueva reunión entre el Gobierno, las entidades de la producción y la industria semillera, con un punto que se mantiene sin acuerdos, el del alcance del denominado uso propio y, junto con esto, también permanece abierta la discusión sobre la adhesión de la Argentina al convenio UPOV 91.
El encuentro se realizó en la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, convocado por el Gobierno a través del Instituto Nacional de Semillas. Participaron representantes de entidades rurales y del sector semillero, entre ellos la Sociedad Rural Argentina y Coninagro. Desde la SRA señalaron que se abordaron distintos aspectos de una posible reforma y que todavía quedan cuestiones por analizar y discutir.
Uso propio
El punto central de la negociación es cómo reconocer económicamente la propiedad intelectual de las nuevas variedades sin eliminar el derecho del productor a reservar parte de su producción para volver a sembrarla.
La posición de las entidades de la producción contempla establecer un esquema de uso propio oneroso pero limitado. De acuerdo con lo planteado durante las negociaciones, el pago alcanzaría a los productores de mayor escala, mientras que los de menor superficie quedarían exceptuados.
Según la información difundida sobre la última reunión, desde el sector productivo se plantea que el pago alcance aproximadamente a un tercio de los productores, tomando como referencia la superficie sembrada.
La industria semillera, en cambio, considera que ese universo debería acercarse a dos tercios del mercado.
La diferencia, por lo tanto, no está solamente en aceptar o rechazar el pago por el uso propio, sino en quiénes quedarían alcanzados, cómo se determinaría el canon y bajo qué condiciones se aplicaría.
UPOV 91
El segundo eje es la eventual adhesión argentina al Convenio UPOV 91, que establece un régimen de protección de los derechos de los obtentores de nuevas variedades vegetales.
La legislación argentina actual se encuentra vinculada con UPOV 78. Esta normativa reconoce un derecho de obtentor más acotado y preserva un margen mayor para el uso propio del productor, mientras que UPOV 91 amplía la protección de los obtentores y restringe en mayor medida el uso y la reutilización de semillas protegidas sin autorización.
La adhesión a UPOV 91 es impulsada por el Gobierno y la industria semillera, mientras que las entidades rurales han planteado reparos y prefieren discutir una modificación de la legislación nacional que contemple las particularidades del sistema productivo argentino.
El debate cobró mayor relevancia a partir de los compromisos asumidos por la Argentina en materia de propiedad intelectual en el acuerdo con Estados Unidos. Entre ellos aparece el compromiso de enviar al Congreso un proyecto de adhesión a UPOV 91.
El Gobierno deberá definir el proyecto
Con las posiciones de productores y semilleros sobre la mesa, ahora el Gobierno deberá avanzar en una propuesta que permita transformar las conversaciones sectoriales en un proyecto legislativo.
La Sociedad Rural señaló que continuará trabajando con las entidades de la producción para construir una posición común y que, una vez conocida la propuesta oficial, analizará sus alcances.
El objetivo declarado de la negociación es actualizar una legislación que rige desde 1973 y establecer un marco para el reconocimiento de la propiedad intelectual sobre la genética vegetal. El desafío inmediato es resolver el alcance del uso propio y compatibilizarlo con un sistema que permita remunerar el desarrollo de nuevas variedades.
Por ahora, no existe un proyecto oficial presentado por el Gobierno. La negociación continúa y el uso propio permanece como el principal punto pendiente antes de que la discusión pueda pasar de la mesa técnica al Congreso.
