La provincia oficializó Buenas Prácticas que serán de cumplimiento obligatorio en todo el territorio provincial.
El Gobierno de provincia de Entre Ríos oficializó un nuevo Protocolo de Buenas Prácticas en materia de fitosanitarios que desde ahora será de cumplimiento obligatorio en todo el territorio provincial, en una decisión que busca dar un marco técnico a uno de los debates más conflictivos que atraviesa la producción agropecuaria.
La medida fue formalizada mediante la Resolución Nº 34/2026 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca provincial, en cumplimiento de lo establecido por la Ley Provincial Nº 11.178. El documento ya entró en vigencia y establece pautas para la aplicación legal de productos fitosanitarios.
La decisión llega en un contexto de fuertes controversias en Entre Ríos por las aplicaciones periurbanas y cerca de escuelas rurales, una discusión que en los últimos años derivó en fallos judiciales, reclamos de organizaciones ambientalistas y cuestionamientos desde sectores productivos.
Uno de los aspectos que el Gobierno entrerriano busca destacar es que el documento fue elaborado dentro del Consejo Asesor Fitosanitario, un organismo que reúne representantes del Estado, universidades, organismos técnicos, productores, aplicadores, sindicatos y organizaciones ambientalistas.
El protocolo fue trabajado durante 2025 y aprobado a fines del año pasado, aunque recién ahora quedó formalmente vigente en toda la provincia.
Entre los organismos y documentos tomados como referencia aparecen las recomendaciones de la Resolución Conjunta 1/2018 de los ministerios nacionales de Agroindustria y Ambiente, los manuales de buenas prácticas del INTA y Senasa, y las guías de uso responsable elaboradas por Casafe.
Qué cambia para productores y aplicadores
Aunque el protocolo contiene especificaciones técnicas más amplias, el eje central apunta a fortalecer aspectos vinculados a la capacitación de operarios, la correcta calibración de equipos, la reducción de deriva, el uso de elementos de protección personal, la trazabilidad de las aplicaciones y el registro de las operaciones realizadas.
También incorpora criterios para la gestión de envases vacíos, protocolos ante derrames y medidas preventivas en áreas consideradas sensibles desde el punto de vista ambiental o sanitario.
En paralelo, la provincia viene avanzando en la digitalización de registros y habilitaciones para operarios y empresas vinculadas al uso de fitosanitarios, con el objetivo de mejorar los sistemas de control y fiscalización.
Más allá de los aspectos técnicos, la puesta en marcha del protocolo representa un intento de la provincia por ordenar una discusión que viene escalando en los últimos años.
Con la nueva normativa, el Gobierno provincial busca respaldar las decisiones regulatorias en criterios técnicos consensuados y ofrecer una herramienta común para productores, municipios, organismos de control y actores sociales.
El desafío ahora será la implementación efectiva de las nuevas exigencias y la capacidad de fiscalización en una provincia donde el uso de fitosanitarios sigue siendo uno de los temas más sensibles dentro de la agenda agroambiental.
