El sindicato Atilra resolvió en asamblea solicitar la quiebra “con continuidad de la explotación” ante una deuda laboral que supera los $14.000 millones en sueldos y aportes.
La crisis de la cooperativa láctea SanCor entró en una fase decisiva: luego de 7 meses bajo concurso de acreedores, los trabajadores nucleados en la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera resolvieron solicitar la quiebra de la cooperativa.
El planteo de Atilra, que será presentado en los próximos días ante la Justicia, contempla la “continuidad de la explotación” y se apoya en la falta de pago de salarios desde abril, el aguinaldo de mitad de año y los aportes sindicales y sociales, deudas que ya superan los $14.000 millones.
A esta cifra se agrega una deuda preconcursal de $69.000 millones reconocida por la propia firma, que hoy opera con 850 trabajadores y procesa apenas 300.000 litros diarios, muy lejos de los más de 4 millones de litros que manejaba antes de la crisis de 2017. Según Atilra, SanCor no respondió a más de 2.500 intimaciones de pago, lo que refleja un estado de “insolvencia generalizada y cesación de pagos”.
SanCor ya había atravesado reestructuraciones, ventas de plantas, cierres de negocios y propuestas frustradas de rescate, incluido el fallido fideicomiso impulsado por empresarios durante el gobierno de Alberto Fernández. Sin embargo, ninguna medida logró revertir el derrumbe de una firma que pasó de 12 a 6 plantas y que hoy apenas procesa 300.000 litros diarios a fasón para terceros, con un plantel de 850 trabajadores.
El gremio subraya que SanCor no respondió a más de 2.500 intimaciones de pago, ni de empleados ni de la obra social y mutual, lo que demuestra un “estado de insolvencia generalizada y cesación de pagos”. Para Atilra, la continuidad productiva solo podrá sostenerse si aparecen nuevos inversores que garanticen la preservación de los establecimientos y las fuentes laborales.
El pedido de quiebra marca un hito en la larga crisis de SanCor, que ya lleva más de una década de retroceso. Su desenlace no solo pone en jaque a la empresa y a sus trabajadores, sino que también refleja la fragilidad estructural de una de las cadenas productivas clave del interior argentino.
