El vencimiento del decreto 514/2021 puso en alerta a las economías regionales. Ruralistas, la Came y la Uatre piden su continuidad para evitar más empleo informal.
El vencimiento del decreto 514/2021, que permitía compatibilizar los planes sociales con el empleo registrado en el agro, generó preocupación en todo el interior productivo. La norma, creada durante el gobierno anterior y prorrogada en 2023, había resuelto un problema histórico: los trabajadores rurales podían mantener sus beneficios sociales mientras realizaban tareas formales durante las cosechas.
Desde septiembre, esa compatibilidad dejó de estar vigente y la situación volvió al punto de partida. Miles de obreros rurales temen ser registrados por miedo a perder sus planes, y los productores quedan expuestos a sanciones si los contratan en negro.
“Cuando no existía esta compatibilidad, la gente prefería trabajar en negro para no perder el plan, y el productor asumía riesgos legales enormes”, explicó Cristian Klingbeil, productor yerbatero de Misiones y uno de los impulsores de la medida. Aseguró que el Estado nunca perdió dinero con el esquema, porque los trabajadores seguían cobrando la asistencia y al mismo tiempo se realizaban aportes jubilatorios por los meses trabajados. “No fue una medida partidaria, fue una herramienta de las economías regionales para sostener el trabajo en blanco y la dignidad del obrero rural”, remarcó.
La falta de prórroga afecta a todo el mapa productivo: desde la yerba mate misionera hasta los cítricos del Litoral, la uva y la aceituna cuyana o la fruta patagónica. “Esta caída de compatibilización va a traer serios problemas en lo que tanto se había logrado, que es el blanqueo del personal. Se va a perder la asignación familiar de quienes fueron registrados”, advirtió el productor Enrique Ozeñuk. “Aún no sabemos cuál será el impacto, pero no será bueno. El que trabaja en blanco corre el riesgo de no recibir ninguna otra ayuda del Estado”, añadió.
Desde el Sindicato Único de Obreros Rurales (SUOR), Ana Cubilla advirtió que el problema de fondo sigue siendo el bajo salario y las condiciones de trabajo a destajo. “Lo que producís es lo que cobrás. Para ganar $40.000 por día tendrías que hacer una tonelada de hoja, algo imposible. Por eso muchos migran a Brasil, donde cobran más y tienen mejores condiciones”, explicó. Según sus datos, hay dos millones de trabajadores rurales en todo el país, pero apenas una fracción está formalmente registrada. “Trabajamos seis meses y los otros seis, que Dios te ayude. Pedimos lo mismo que cualquier trabajador: estabilidad y un ingreso digno”, reclamó.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) también se sumó al reclamo. “Las economías regionales representan el 70% de la mano de obra rural, son las que sostienen los pueblos del interior. Avanzar en una reforma laboral y mantener políticas de inclusión es clave para no perder competitividad”, señaló Eduardo Rodríguez, director del sector de Economías Regionales.
En la misma línea, José Voytenco, secretario general de la Uatre, confirmó que se presentó una nota ante el Ministerio de Capital Humano solicitando la prórroga inmediata del decreto. “La compatibilidad entre el trabajo registrado y las prestaciones sociales no es un privilegio, es una política de equidad que reconoce la estacionalidad del trabajo rural”, destacó.
Desde la Secretaría de Trabajo confirmaron que el tema ya está en evaluación, aunque sin fecha concreta para una resolución. Mientras tanto, las economías regionales advierten que sin esta norma el trabajo en blanco volverá a caer, con el riesgo de que resurja la informalidad y se frene la recuperación laboral que habían logrado en los últimos años.
