La presidenta de Coninagro Córdoba, Vanesa Padullés, reiteró el pedido del sector productivo para que los municipios eliminen las tasas vinculadas al visado de traslados de hacienda.
El avance tecnológico, la identificación electrónica y el Documento de Tránsito Electrónico (DT-e) tornan obsoleta la intervención de las comunas, que hoy perciben un tributo sin ofrecer ninguna contraprestación a cambio.
El sector agropecuario de Córdoba ha puesto el foco en una de las cargas burocráticas más antiguas que todavía recaen sobre la ganadería: la tasa de guía de traslado.
A través de un comunicado oficial y declaraciones de su titular, Vanesa Padullés, Coninagro Córdoba instó a los municipios a avanzar en un plan de reducción o eliminación definitiva de este cobro, al que consideran un obstáculo para la competitividad del productor.
Un tributo con lógica colonial
Padullés explicó que estas tasas tuvieron su origen en una realidad logística hoy inexistente.
«Se remonta a la época cuando los animales eran trasladados en pie, arreados por las localidades para subir al ferrocarril. En ese entonces, se necesitaba la prestación de los municipios para asegurar el recorrido, controlar la marca a fuego y evitar el abigeato», recordó la dirigente.
Sin embargo, la realidad sanitaria y tecnológica actual ha dejado atrás esos métodos. Con la implementación del Documento de Tránsito Electrónico (DT-e) y la identificación electrónica obligatoria del ganado, el control está plenamente cubierto por sistemas nacionales.
«En estos tiempos donde ya hay instrumentos electrónicos, no hay ningún servicio que se preste a cambio de esa tasa. Los municipios cobran y han aumentado mucho su valor, pero el concepto de ‘tasa’ exige una contraprestación que no existe», sentenció Padullés.
El pedido de derogar el Artículo 11
Desde Coninagro destacan que el mantenimiento de esta carga administrativa no solo encarece la actividad, sino que genera distorsiones innecesarias en la cadena productiva.
Por este motivo, la entidad manifestó su apoyo explícito a la modificación o derogación del artículo 11 de la Ley Provincial Nº 5542, que es la norma que actualmente habilita a los municipios cordobeses a percibir este tributo.
El objetivo es adecuar el marco normativo a la realidad del sistema de trazabilidad vigente, evitando la superposición de controles y garantizando un esquema más transparente para quienes producen en el interior provincial.
Municipios que ya marcaron el camino
A pesar del reclamo general, la entidad valoró la «propia voluntad» de varias gestiones locales que ya decidieron dar un paso al frente y eliminar el cobro.
Localidades como General Cabrera, Bell Ville, Río Cuarto, La Cesira y Colonia Caroya fueron mencionadas por Padullés como ejemplos de simplificación de trámites y acompañamiento al sector.
«Apelamos a que el resto de los municipios se sumen a este camino. El crecimiento del interior requiere reglas claras y menos burocracia», concluye el comunicado de la entidad.
Para los productores cordobeses, la eliminación de estas tasas no es solo una cuestión económica, sino un gesto necesario para remover cargas que, según denuncian, han perdido totalmente su razón de ser en el siglo XXI.
