Según el analista Carlos Etchepare, la medida beneficia a unos pocos y genera más desconfianza, demostrando un manejo económico que se asemeja más a una “mesa de dinero” que a una política productiva.
El reciente Decreto 682/2025, que introduce una reducción “temporal” de los derechos de exportación, no es un gesto de apoyo al sector productivo, sino una maniobra improvisada y desesperada de un gobierno que maneja la economía nacional como si fuera una “mesa de dinero”. Lejos de favorecer a las actividades productivas más importantes del país, la medida parece estar diseñada para “exprimir” a los productores, aprovechando la ceguera ideológica de algunos para seguir explotándolos.
La desesperación detrás del decreto: El carácter apremiante de la medida se evidencia en dos puntos clave:
-Plazo y monto: El artículo 1 establece que la reducción de las alícuotas a 0% estará vigente hasta el 31 de octubre de 2025 o hasta que las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) sumen $7.000 millones. Lo que ocurra primero.
-Ingreso de divisas: El artículo 2 obliga a que el 90% de las divisas ingresen al país en un plazo de solo tres días hábiles desde la DJVE. Este requisito es incluso más estricto que el del régimen anterior, que concedía 15 días, lo que de por sí ya era difícil de cumplir. Esta exigencia transferirá un costo financiero y un riesgo comercial directo a los productores.
La improvisación y sus consecuencias
La falta de planificación de la medida es evidente al no considerar factores esenciales del sector, como los mercados de futuros, los alquileres rurales o el canje de insumos.
Además, se desestiman dos elementos cruciales: el impacto en el resto de la cadena agroindustrial y el potencial efecto “puerta 12”, que podría generar distorsiones en el mercado local e internacional.
El decreto tampoco aclara la fecha de embarque de la mercadería. Con el régimen actual, este plazo podría extenderse hasta un año. Si esto se mantiene, el impacto de la baja de los derechos de exportación se diluiría, y el mayor beneficio quedaría en manos de los exportadores con capacidad financiera para adelantar los recursos, en lugar de llegar a los productores. El texto tampoco obliga a que las DJVE estén respaldadas por compras de granos.
Una medida que no beneficia a la producción en su conjunto. Si el objetivo fuera impulsar genuinamente la producción, esta medida debería haberse implementado a partir de la campaña 2025/26. De esta forma, el beneficio alcanzaría a todos los productores por igual, promoviendo un aumento real de la siembra y la cosecha. Sin embargo, tal como fue formulada, solo favorece a aquellos que todavía tienen stock de mercadería, que en general no son los pequeños y medianos productores. Esto genera una profunda desconfianza en el sector, que entiende que el decreto responde más a una necesidad fiscal del gobierno que a un plan de desarrollo productivo.
Un nuevo enfrentamiento social. El gobierno presenta esta devolución de “un robo al campo” en un momento en que asegura no tener recursos para atender las necesidades de discapacitados, jubilados o el Hospital Garrahan. ¿Quién le explicará a la sociedad esta contradicción?
Esta medida demuestra la desesperación y el desconocimiento del gobierno, que actúa sin una visión integral. La improvisación costará mucho más a la mayoría de los productores que el beneficio puntual que algunos pocos puedan obtener.
Y, por último, queda una pregunta fundamental sin responder: ¿a dónde irán a parar los pesos que se obtengan de la venta de estos granos?
