El Congreso avanzó en el marco nacional de presupuestos mínimos para la aplicación de fitosanitarios, que tiene apoyo del Consejo Agroindustrial y de las principales entidades del agro.
En una reunión conjunta de las Comisiones de Agricultura y Ganadería y de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, presidida por los diputados Atilio Benedetti (UCR) y Carlos D’Alessandro (Coherencia), respectivamente, se debatió en la Cámara de Diputados un nuevo proyecto de ley sobre la aplicación de productos fitosanitarios.
La propuesta busca establecer un marco normativo nacional que complemente las regulaciones existentes del Senasa y sirva de referencia para las normativas provinciales y municipales, que hoy presentan criterios dispares. “Se necesitaba de alguna manera una referencia nacional. Y ese es el bache que viene a cubrir este proyecto”, explicó Ignacio Garciarena, de la Red de Buenas Prácticas Agrícolas (Red BPA).
El texto del proyecto, fruto de un proceso iniciado en 2018 y consensuado con provincias, ministerios y entidades del sector, define responsabilidades claras para comercializadores, asesores, productores y aplicadores.
Introduce además el concepto de zonas sensibles y zonas de amortiguamiento, establece la obligatoriedad de la receta profesional y prevé un régimen de capacitación y sanciones.
“Es algo bastante abarcativo —destacó Garciarena—, porque brinda tranquilidad a la sociedad y pautas claras al sector productivo”. En ese sentido, el diputado Benedetti subrayó que el objetivo es “responder a una necesidad postergada: contar con una ley de presupuestos mínimos de cuidado ambiental que proteja la salud sin impedir el desarrollo agropecuario”.
Desde la RedBPA, Ramiro Costa, de la BdeC, resaltó que el proyecto es “un ejemplo de construcción público-privada” y que representa el trabajo de más de ochenta instituciones que integran la red. Por su parte, Nieves Pascuzzi, coordinadora técnica, recordó que “tras casi once años de trabajo llegamos a un texto mejorado, con una mirada productiva y ambiental equilibrada”.
Apoyos
También hubo aportes desde las provincias. Marcos Blanda, secretario de Agricultura y Recursos Naturales de Córdoba, sostuvo que “es necesaria una ley nacional que armonice objetivos y principios”, aunque remarcó que “no debe uniformar, porque las provincias son diversas en producciones, climas y territorios”.
El proyecto recibió un amplio respaldo institucional. Lucas Magnano, presidente de Coninagro, lo consideró “un aporte clave para brindar previsibilidad y certezas a los productores”, mientras que Ricardo Marra, de la Bolsa de Cereales, destacó que “pone en primer lugar a la persona y al ambiente, y luego a la producción”.
En la misma línea, el Consejo Agroindustrial Argentino expresó su “firme apoyo” al Proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la Aplicación de Productos Fitosanitarios (Exp. 5621-D-2025). Su presidente, Gustavo Idígoras, celebró el tratamiento en el Congreso y afirmó que “un ordenamiento basado en la ciencia es vital para promover un desarrollo productivo sustentable y federal en toda la Argentina”.
El CAA remarcó que la iniciativa se alinea con su visión de “un sistema agroalimentario competitivo, tecnológicamente innovador y ambientalmente sostenible”, al promover buenas prácticas, productividad, valor agregado, protección ambiental y seguridad sanitaria tanto para los trabajadores como para las comunidades rurales.
Con el consenso político e institucional alcanzado, el debate continuará la próxima semana en el Congreso, con la expectativa de que el proyecto avance hacia su aprobación definitiva.
