La diputada salteña, Alcira Figueroa, una de las autoras de un proyecto que excluía a las entidades del campo de su Consejo Directivo, ahora hizo una nueva presentación que busca elevar a 11 sus miembros.
Como se recordará, el pasado 13 de agosto, dos diputadas nacionales del Frente de Todos (FdT), Alcira Figueroa y Mabel Caparrós, de Salta y Tierra del Fuego, respectivamente, presentaron un proyecto de ley para eliminar la representación de las entidades agropecuarias integrantes del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agrícola (INTA), desplazando al sector privado de su composición y poniendo a los productores en el lugar de asesores y no en la toma de decisiones.
Rechazo y corrección del proyecto
Naturalmente la noticia motivó en su momento un fuerte rechazo del sector, desde la Mesa de Enlace, pasando por todas las cadenas productivas, hasta las universidades y los colegios profesionales, entre otras entidades e instituciones vinculadas al campo a través de todo el país.
Ahora, luego que -según deslizó La Nación- desde el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) plantearan en los pasillos de la Casa Rosada su preocupación por el proyecto en cuestión, la diputada Figueroa presentó un nuevo proyecto.
El mismo lleva el número de expediente 3656-D-2021 y propone la incorporación de representantes de organizaciones de productores familiares. Además, establece una duración de cuatro años para los cargos. “El Consejo Directivo estará integrado por once miembros designados por el Poder Ejecutivo Nacional”, señala el artículo 1 del proyecto.
En este sentido, propone un presidente, un vicepresidente y un vocal en representación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Además, establece cinco vocales en representación de los productores agropecuarios; un vocal por las Facultades de Agronomía y uno por las Facultades de Veterinaria o instituciones similares de estudios universitarios equivalentes de las distintas Universidades Nacionales, propuestos directamente por aquéllas de acuerdo a las disposiciones vigentes.
Y a diferencia de la conformación actual, el proyecto suma un vocal en representación de las organizaciones de productores familiares de alcance nacional que, según sostiene el proyecto, “debe ser miembro del Consejo de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena”.
