De acuerdo con un estudio de IERAL, el área económica de la Fundación Mediterránea el productor tendrá un su bolsillo entre 38 y 72 dólares/hectárea, según sea soja o maíz.
Un estudio del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana ( IERAL), de la fundación Mediterránea, estima que para maíz y soja representará una mejora de 38 y 76 dólares/hectárea, respectivamente.
La comparación entre el nuevo régimen tributario, con alícuotas fijadas en 24% para soja y 8,5% para maíz, y el escenario contrafáctico de mantener las tasas anteriores (33% y 12% respectivamente desde el inicio de la actual administración), evidencia una mejora de entre 38 y 76 dólares por hectárea en la rentabilidad neta, según zona y modalidad de tenencia
En ese sentido, el informe señala que para el análisis, el IERAL considera cuatro modelos agrícolas: propietarios y arrendatarios de zona núcleo, y propietarios y arrendatarios de zona extrapampeana, todos bajo un esquema de 500 hectáreas, una rotación 50/50 entre soja y maíz y rindes promedio según región.
A continuación, se presentan los márgenes netos estimados bajo el nuevo esquema impositivo y en el escenario contrafáctico sin reducción de alícuotas:
Artusso señala que estas diferencias surgen de una caída en la carga tributaria total -que mide la porción de la renta generada que el productor no puede apropiarse por efecto de los impuestos- de entre 8 y 20 puntos porcentuales. Sin embargo, aclara que incluso con este alivio, la presión impositiva continuará siendo muy elevada: entre 53% y 73% para los modelos de zona núcleo y entre 67% y 123% para los extrapampeanos. De hecho, en estos últimos casos los márgenes seguirán siendo negativos, lo que refleja la dificultad estructural de producir en áreas de menor productividad y mayores costos logísticos.
Uno de los puntos más destacados del informe es que para numerosos productores extrapampeanos, especialmente arrendatarios, la reducción de retenciones no alcanza para revertir la inviabilidad económica. Para Artusso, esto demuestra que “muchas tierras que hoy no son rentables a causa de los impuestos podrían volverse productivas si se profundiza el proceso de reducción de DEX“. También subraya que más allá del porcentaje puntual, lo central es avanzar en un marco de reglas claras y permanentes, evitando medidas transitorias que generan incertidumbre y frenan decisiones de inversión.
El análisis fiscal muestra que con las nuevas alícuotas, la recaudación proyectada por derechos de exportación (DEX) para 2026 rondará los USD 5.030 millones, frente a los casi USD 7.000 millones que habría generado el esquema vigente en diciembre de 2023. En términos prácticos, esto implica que en dos años el Estado devolvió cerca de USD 1.950 millones al complejo agroexportador, mientras que la última reducción tendría un impacto anual de USD 520 millones. Parte de esta pérdida, no obstante, se recupera por vía indirecta mediante Ganancias, IVA, Ingresos Brutos y otros tributos vinculados al mayor nivel de actividad.
Aun así, Artusso advierte que la reducción de DEX constituye un esfuerzo fiscal considerable para la Nación, dado que los impuestos que aumentan por efecto derrame son en su mayoría coparticipables, mientras que la pérdida de recaudación por retenciones recae exclusivamente sobre el Tesoro nacional. Por eso, subraya la necesidad de una coordinación tributaria entre Nación, provincias y municipios para evitar que subas locales terminen neutralizando la mejora en la competitividad del producto.
En síntesis, los números confirman que el alivio impositivo tiene un impacto real en los márgenes agrícolas, pero también dejan claro que la presión tributaria estructural sigue siendo uno de los principales frenos para la expansión productiva. El agro argentino recuperó algo de aire, pero para desplegar todo su potencial aún necesita previsibilidad, estabilidad normativa y un esquema impositivo más equilibrado.
